En defensa de la Constitución

SOLICITADA DE NUESTROS LECTORES

Semanas atrás, la sociedad fue conmovida por las declaraciones formuladas por el dirigente Eduardo Duhalde.


POR: DR. PABLO LANDIN – ABOGADO TRIBUTARISTA

Un golpe de estado o una asonada militar, tal lo planteado, son impensables en Argentina, y su  sola mención irresponsable constituye un atentado al orden constitucional  (arts. 29, 36 y conc., C.N.), que debería ser investigado de oficio por el Ministerio Público Fiscal.

Igual calificativo cabe a la posibilidad de cancelar las elecciones del año próximo; descuento que las autoridades políticas y judiciales estarán tomando todas las previsiones para su realización, en atención a la posible decisión de continuar en estado de cuarentena conforme ilegítimos DNU dictados por el PEN.

Sin embargo, fuertes rumores dan cuenta de la probable cancelación de las PASO, lo que de concretarse, ameritará un análisis puntual.

La democracia, la alternancia en el poder, la voluntad soberana de los ciudadanos y la forma republicana de gobierno, no se negocian, y cabe defender estos valores y principios por las vías constitucionales: Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. (art. 36, CN).

Aparentemente, las palabras de Duhalde se trataron sólo del delirio intelectual de quién llegó a la Presidencia de la Nación por vías indirectas, luego de ser derrotado en legítimas elecciones; y que no constituyen un intento desestabilizador de las instituciones para generar el terreno propicio a medidas autoritarias. Sin olvidar que fue gobernador de Buenos Aires entre 1991 y 1999, y por ende corresponsable de su decadencia, que tan bien describe su actual mandatario Kicillof.

Sin embargo, el tema sigue sonando en los medios periodísticos, y sobre todo, en algunas mentes trasnochadas.

Pero la realidad nos muestra otros signos alarmantes. Desde hace más de seis meses, el Poder Ejecutivo gobierna a través de Decretos de necesidad y urgencia, siendo que el Congreso está funcionando. La nulidad absoluta e insanable de esas disposiciones es evidente (art. 99, inc. 3, CN), además de convertir a los responsables en infames traidores a la patria (art. 29), por ejercer facultades extraordinarias y la suma del poder público, mediante sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos están a merced del gobierno actual.

“No sos apolitíco, sos liberal.”

No sólo eso, tales Decretos restringen derechos y garantías inalienables, como el trabajo, la educación, las libertades de reunión y de circulación, el ejercicio de industria lícita. Deciden intervención de empresas privadas, o nuevas regulaciones a diversos servicios. Mientras tanto, vemos a funcionarios de todo rango juntarse, fotografiarse, emprender viajes, sin los mismos cuidados que exigen a la población, incurriendo en los ilícitos punibles que aquéllos han instituido.

En paralelo se avanza en “reformar” el Poder Judicial, que –tema aparte- está sumido en un sopor inaceptable. Cabe preguntarse por qué no se usan las herramientas legales para que funcione mejor, por ejemplo, destituyendo a los magistrados que incurren en las causales previstas. El recientemente jubilado Canicoba Corral tenía pendiente cinco procesos en el Consejo de la Magistratura: qué mejor que juzgarlo y destituirlo o absolverlo, según correspondiera. Cumplir los plazos procesales sería un gran avance. O revisar si, conforme cálculos financieros y/o actuariales, ex magistrados como Zaffaroni están en legítimas condiciones de percibir una jubilación superior a los $ 800.000. Insisto, más que reformar, es necesario mejorar a través de las leyes vigentes.

Ni hablar de la Comisión Asesora designada por el Presidente, integrada –entre otros- por dos abogados que defienden penalmente a actuales o ex funcionarios: es tanto como pedir consejo a los lobos acerca de cómo “mejorar” el corral de las ovejas.

¿Por qué cobras tan poco? La explicación de un especialista a una de las preguntas mas comunes en los trabajadores.

Con gravedad inusitada, el proyecto de reforma contiene un clarísimo atentado a la libertad de prensa, ya que el famoso inciso “e” del art. 72 obliga a los jueces a comunicar en forma inmediata cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole. Los medios periodísticos, con sus virtudes y defectos, resultan esenciales a la hora de garantizar la transparencia institucional y la información ciudadana. Hablar de “poder mediático” es una consigna fascista inaceptable, y quién defiende el término, senador Parrilli, sostiene sin ruborizarse que los medios de comunicación en Argentina fueron utilizados para presionar y extorsionar jueces. Si fuera serio, republicano y democrático, debería presentar las denuncias penales pertinentes, las que brillan por su ausencia.

Agravando las cosas, tres jueces que –significativamente- actúan en causas en que la ex Presidenta se encuentra procesada, fueron “removidos” y vueltos a sus funciones originarias. Afortunadamente la Corte Suprema, en una decisión que oxigena un poco nuestra alicaída República, decidió tratar la cuestión a través del excepcional mecanismo del per saltum, suspendiendo los efectos de los actos previos, e invocando para ello la gravedad institucional que el tema representa.

Entretanto, los ciudadanos de a pié navegamos en el “primer semestre” de la cuarentena, sufriendo atropellos sin fin a nuestros derechos, garantías y forma de vida. En nombre de la  pandemia se cometen atrocidades (no quiero ahondar en detalles dolorosos por todos conocidos), y el ya desmesurado poder del Estado se ha incrementado hasta niveles enfermizos, empoderando a los funcionarios en una suerte de “todo lo puedo” que recuerda épocas nefastas de nuestra historia. El empobrecimiento generalizado parece ya una política de estado, destinada a generar las condiciones para que el Leviatán descripto por Hobbes sea el único y último salvador. El estatismo recalcitrante golpea nuestra puerta: estemos atentos.

 

Los argentinos, más que nunca, debemos estar unidos por la República y en defensa de la Constitución Nacional.

Las continuas marchas ciudadanas, en todas las plazas y rincones del país, como la reciente de los empresarios gastronómicos, hablan del nivel de hartazgo y decadencia que, a esta altura, resulta insondable.

Anhelo que, pese a todos los datos negativos, aún estemos a tiempo.

Be the first to comment

Leave a Reply